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miércoles, 29 de abril de 2009

¿Pacto de estado o elecciones anticipadas?

La gravedad de la crisis, económica e institucional, por la que atraviesa España hace que casi todo el mundo piense en alguna solución excepcional. Ello muestra la incapacidad del sistema para adaptarse a un entorno tan inhabitual como  crítico y que constituye una amenaza de consecuencias catastróficas. Parece como si la España democrática hubiese perdido el rumbo. No hay síntomas de que dispongamos de las energías políticas que permitieron una transición  excepcional, cuyos réditos han empezado a agotarse.  

En este contexto, se suscitan frecuentemente debates en torno a si, para remediar la cosa, sería preferible un pacto de estado o unas elecciones anticipadas. Se trata de una disyuntiva estéril, falsa  y viciada desde la raíz. No es evidente que unas elecciones anticipadas, que en ningún caso van a celebrarse, puesto que podrían perjudicar al único que puede convocarlas, fuesen a otorgarnos un panorama político sustancialmente distinto al que tenemos. Es obvio, por otra parte, que el Gobierno está cerrado en banda a cualquier cosa que no sea aguantar el chaparrón y confiar en la lealtad de los supuestamente suyos, abundantemente regada con dádivas insensatas. 

¿Qué está pasando entonces? Básicamente, que el sistema democrático precisa de algo más que unas instituciones jurídicas, y carecemos decisivamente de ese algo más. Si se me permite una metáfora orgánica, que siempre son peligrosas, el fallo de un subsistema se suele corregir potenciando un mecanismo sustitutorio, lo que siempre da lugar a una malformación que produce gran variedad de deficiencias funcionales. En nuestro caso, la malformación esta en el sistema de partidos cuya conformación  ha invertido completamente su función constitucional: en lugar de servir de cauces de representación, se han convertido en fortines feudales a cuyo alrededor se agrupan, alternativamente o a un tiempo y de forma transversal,  densos  conglomerados de intereses que los hacen todavía más inaccesibles y casi absolutamente insensibles a cualquier cosa que provenga del exterior. 

Ahora bien, lo decisivo es comprender que esa deformación no se debe, a mi entender,  a ninguna norma jurídica deficiente, sino a graves carencias en la cultura política de los españoles, al hecho de que en la mayoría de los casos, en la Universidad, en la empresa, en los clubes de fútbol, en la prensa, y, por supuesto, en el interior de los partidos, nuestro comportamiento es exactamente ese, una especie de caudillismo atemperado por la oligarquía. Creo, sinceramente, que es pedir peras al olmo esperar que los partidos se comporten de manera distinta a como nos comportamos la mayoría de los españoles; mientras no modifiquemos sustancialmente nuestra cultura política, nuestras instituciones, en las que ahora apenas tiene cabida una conducta competitiva, liberal y respetuosa de los derechos de los demás, que es lo que permite la fecundidad de la una democracia, no podrán gozar de los beneficios de la poliarquía, y la libre competencia será siempre una auténtica rareza. 

La consecuencia más importante de todo esto es que, en España,  el poder político  no está distribuido verticalmente (aunque horizontalmente sí, en esos monstruosos mini-estados en que han venido a dar las CCAA por las mismas razones), de manera que, ante cualquier situación realmente grave, como la presente,  la democracia no pasará de ser una piadosa ilusión enmascarada por un bipartidismo autocrático. Ante las crisis, los partidos no reaccionan como las personas normales suponen que reaccionarían ellas, sino defendiendo, en primer lugar el interés máximo de su subsistencia. Es, exactamente, lo que hace Zapatero: resistir, y que cada palo aguante su vela. Actuar en función de intereses generales puede convertirse en un atentado a ese patriotismo de partido que, hasta ahora, ha gozado de gran crédito entre los socialistas de todas las procedencias. 

Precisamente para poder actuar con más soltura a la defensa de los intereses creados, los partidos prefieren carecer, por completo, de oposición interna y, en consecuencia, no pueden ser democráticos que es lo que, ingenuamente, manda la Constitución.  No creo que haya que cansar a nadie enumerando las razones para un diagnóstico tan negativo; me conformaré con mencionar la pasión de las oligarquías partidarias por imponer a toda costa un candidato único  en cualquier clase de asamblea, o los poderosos reflejos corporativos para defender a gente realmente impresentable cuando ha alcanzado un estatus suficientemente alto en la organización, pese al clamor popular, ese último destello de decencia que le queda a mucha gente. 

¿Entonces, qué cabe hacer? Cada cual tendrá su responsabilidad, pero es evidente que una cultura democrática se forja ejercitándola. Hay que romper, a base de libertad, las ataduras que mutilan y esterilizan nuestra democracia. Luego, se podrán hacer reformas, pero lo decisivo es no quedarse quieto mientras nos golean.

[Publicado en El confidencial]

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