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sábado, 12 de junio de 2010

El coco privatizador

Una de las monsergas con las que la izquierda trata de sostener su supuesta, y maltrecha, superioridad moral es la de la preferibilidad de lo público sobre lo privado. Pese a tenerme por liberal, no tendría nada que oponer al argumento, si estuviésemos en un régimen en el que existiera un nivel alto de moralidad civil, si fuera corriente que quienes ocupan un puesto público cumpliesen, por encima de todo, con sus obligaciones hacia la sociedad. No gastaré ni dos líneas para recordar que, en la abrumadora mayoría de las situaciones, no es ese el caso.
De hecho, apenas conozco cosa más privada que una oficina pública. Nuestros funcionarios se acostumbran muy pronto a que la plaza es suya, a que tienen derecho vitalicio, y frecuentemente hereditario, sobre todo si el momio es de fuste, a ejercerla, en suma, a que la plaza es de su propiedad, como se solía decir antes, cuando, al menos, las plazas funcionariales se ganaban en reñida competencia pública, a veces absurda e injusta, pero competencia al fin y al cabo. No digamos nada de nuestros políticos, de cómo manejan sus partidos, de lo bien que distribuyen los cargos y las prebendas entre familiares y allegados.
Privatizar puede resultar bien o mal, dependerá de los casos, pero en general es algo que debiera permitir la introducción de cierto grado de racionalidad y de trasparencia, aunque la tendencia a delinquir y a engañar sea tan atractiva en el terreno de lo privado como en el de lo público. De hecho, es fácil que haya tantas mandangas y corruptelas en algunas, al menos, de las grandes corporaciones privadas, como en las empresas e instituciones públicas, pero eso no obsta para que la privatización pueda facilitar, en muchas ocasiones, el remedio a un tipo de abusos que, de puro inmemoriales, forman parte de la cultura y el paisaje de muchas instituciones públicas, y cuya obscenidad se nos escapa porque han aprendido a ocultarse a la mirada inocente y a la buena fe del público.
Tal vez haya habido un momento en que proferir lo público fuese consecuencia de una probidad moral, de un deseo de mejorar una sociedad patentemente injusta. Ese momento hace mucho que pasó, al menos entre nosotros; se diga lo que se diga, la mayoría de los defensores de lo público defienden alguna forma de sopa boba, algún jardín oculto a la mirada indiscreta del personal. Si no lo creen así, pásense por los despachos de cualquiera de las variopintas e incomprensibles oficinas públicas, o indaguen en las formas en que se protegen los intereses del público en general en las universidades, los hospitales, o los juzgados. Si no quieren investigar, ni dedicar horas al estudio, traten simplemente de imaginar a qué podrán estarse dedicando los cientos de miles de empleados públicos que ha creado nuestro avispado gobierno.

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