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viernes, 2 de julio de 2010

Los privilegios de la aristocracia sindical

La huelga del Metro de Madrid tiene la ventaja, desde el punto de vista pedagógico, de dejar al desnudo algunos de los mecanismos del poder real, no del poder reglado que ejercen las administraciones, que, a su modo, encarnan un poder democrático, sino del poder que no representa a nada distinto de sí mismo. Ese poder, desde luego, no se reduce únicamente a los Sindicatos, porque existe en muy otras diversas esferas, en la economía, en la universidad, en la prensa, en los partidos políticos. Pero en cualquiera de esos casos, el poder tiene una característica común que no hay más remedio que llamar mafiosa. Mafia es toda asociación sin legitimidad, todo poder colectivo fundado única y exclusivamente en el interés mutuo de quienes lo conforman. Se trata de poderes sin justificación alguna, aunque a veces la pretendan, y, como tales, deberían ser combatidos en una democracia, aunque es de sobra conocido que ese no es el caso, al menos entre nosotros.
Los sindicatos fundan la legitimidad de sus acciones, por arbitrarias y perjudiciales que sean, en el derecho de huelga, un derecho que han impedido que se regule desde que la Constitución española ordenó que así se hiciese, hace más de treinta años. Ello nos da una pista de cómo el poder de la mafia sindical, que carece de cualquier legitimidad general, se ha incrustado en el poder político, de la izquierda, por supuesto y, en su caso, de los nacionalismos con proclividades hacia las bandas de la porra. En virtud de esa carencia y de la cobardía política de nuestras instituciones, los sindicatos constituyen una aristocracia orgánica con privilegios totalmente desmesurados: el de no trabajar, el de controlar multitud de otros poderes, el de poner en funcionamiento reglas del juego completamente inadmisibles en cualquier otro caso, el de seguir ejerciendo a su albedrío una violencia privada, etc.
La huelga de Madrid es un caso de desvergüenza y de abuso evidente. Los huelguistas reclaman, simplemente, un privilegio más, no ser afectados por las leyes generales, mantener un fuero económico más allá de los intereses generales y poder amenazar y actuar violentamente cuando les salga de los cojones, como han manifestado con su característica buena educación. Hay que reconocer que han escogido bien la diana, porque están haciendo daño. Pero hay que esperar que ganemos los buenos, que se imponga la ley, el bien común, el orden democrático. El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de actuar con firmeza y de sancionar a quienes se burlan de la ley y de la democracia. Es terrible constatar que estará solo frente al cinismo de ZP y sus secuaces e incluso, frente al revanchismo de algunos jueces de la horca, pero esperemos que a doña Esperanza no le tiemble el pulso al defender la ley, la razón, el derecho de los más, a la democracia, en suma.

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