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miércoles, 11 de agosto de 2010

El malestar político y el mito de la reforma de la ley electoral

Son muchos, y muchos más de los que debieran, los que piensan, y lo repiten con frecuencia, que una reforma de la ley electoral podría terminar con buena parte de nuestros problemas políticos. Dicha tesis se sostiene con los más variados motivos, aunque el más frecuente es la queja del excesivo papel que tienen los partidos nacionalistas, y en especial el PNV y CiU, en la política española. Se trata de un mal argumento, como espero mostrar, pero, peor aún, es una solución meramente aparente a un problema mal formulado.
La explicación del papel excesivamente influyente de los escaños nacionalistas y/o regionalistas en las Cortes hay que buscarla en otra parte, a saber, en la negativa del PSOE, sobre todo, pero también del PP, a ponerse de acuerdo en una serie de asuntos de fondo. Esta discrepancia de las dos grandes fuerzas les lleva a buscar el apoyo de grupos que, de otro modo, tendrían un peso notablemente menor en la política española. Es, pues, la pugna de los dos grandes partidos, y no la ley electoral, lo que eleva el valor de esos votos y lo que tantas veces nos obliga a tragar como medicina general lo que solo a ellos conviene.
La Constitución establece el sistema proporcional y eso hace que sea literalmente imposible prescindir de grupos que alcancen un cierto nivel, no demasiado alto, de representación, salvo en los distritos de muy pocos escaños. Es cierto que cabría una modificación de la ley actual, sin tocar su fundamento constitucional, ampliando el número de diputados, pero por esa vía no se conseguiría otro efecto que el mejorar la posición de los demás a costa del PP y del PSOE que son los más beneficiados con el sistema actual. Es obvio que los grandes partidos no se van a poner de acuerdo en perjuicio mutuo, de manera que poco más que hablar por este lado.

Cuadro 10. Distribución de votos y escaños en el Congreso





Candidaturas
votos
(%)*
escaños
(%)
PP
10.144.951
39,86
152
43,42
PSOE
9.599.424
37,72
144
41,14
PSC-PSOE
1.689.911
6,64
25
7,14
CIU
779.425
3,06
10
2,85
EAJ-PNV
306.128
1,20
6
1.71
ERC
291.532
1,14
3
0,85
IU
969.946
3,81
2
0,57
BNG
212.543
0,83
2
0,57
CC-PNC
174.629
0,68
2
0,57
UPN-PP
133.059
0,52
2
0,57
UPyD
306.079
1,20
1
0,28
NA-BAI
62.398
0,24
1
0,28
Total
24.670.025
96,94
350
100,00
Otros
778.659
3,05


Total votos a candidaturas
25.448.684
100,00







Indice de participacio: 73,84%



A poco que se observe en el cuadro adjunto, que refleja los resultados de las elecciones generales de 2008, se verá que el PSOE, al que hay que sumar los votos de PSC-PSOE, es el gran beneficiario del sistema, puesto que transforma un 44,36% de votos en un 48,28% de escaños, seguido de cerca por el PP. El reparto perjudica ligeramente a CiU, beneficia al PNV y a UPN-PP, perjudica a ERC, NA-BAI, BNG, CC-PNC, y a UPyD, pero, sobre todo a IU que obtiene un 0,57% de los diputados con un 3,87% de los votos. Cualquiera mínimamente versado en estas cosas sabe que no existe sistema perfecto, y que, aunque discutibles, las razones a favor del sistema proporcional frente al mayoritario, no son tampoco pequeñas.
¿Queremos expulsar a los nacionalistas del juego político? No, seguramente no; concentrémonos, pues, en analizar los problemas que realmente existen, y no los que nos imaginemos. Es evidente que hay un divorcio entre los intereses de los políticos y los de los ciudadanos, pero lo que se ha de hacer es tratar de atenuar esa situación sin apadrinar fórmulas milagrosas, sin caer en ese arbitrismo al que los españoles somos tradicionalmente propensos. Este divorcio político tampoco es cosa de ayer y no debiera llevarnos a disparatar. Nada menos que en pleno período electoral para las Cortes constituyentes de la II República, el siempre agudo Josep Plá escribía lo siguiente: “se ha producido en España un profundo divorcio entre las necesidades profundamente oligárquicas de la clase política triunfante y las necesidades sociales del propio país”. Ya se ve que no se trata de ninguna tara específica del momento presente de nuestra democracia, aunque es necesario insistir en que ahora ha adquirido un carácter especialmente grave.
Para verificarlo, bastará con echar un vistazo a este cuadro del CIS, que me ha facilitado mi amigo el politólogo Miguel Ángel Quintanilla. En él, se refleja la actitud que los españoles mantienen ante su gobierno y ante la oposición. Como se ve, lo que se trata de subrayar con una línea amarilla, la situación no ha dejado de deteriorarse desde el ya lejano año 2000.
Es muy fácil quejarse y decir que no nos merecemos unos políticos como los que tenemos, y en algunos casos, será verdad. Pero no seríamos dignos de queja si no nos preguntásemos cada uno de nosotros qué hemos tratado de hacer para mejorar esta situación, hasta qué punto somos mejores que nuestros políticos en nuestra actividad profesional, en nuestros negocios. Estamos ante una España que cada vez nos gusta menos, pero no debiéramos conformarnos con echar la culpa al empedrado, aunque sea el de la Carrera de San Jerónimo.
[Publicado en El Confidencial]

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