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martes, 21 de diciembre de 2010

Rubalcaba al aparato

Una leyenda sobre los periodistas indica que no leen los periódicos, pues bien, en el caso de El Mundo podemos desmentirlo, ya que ayer domingo se apresuró a dar como propia la noticia que La Gaceta había dado el sábado sobre la grabación de todas las llamadas telefónicas de los controladores, también las de sus números privados, establecida por el gobierno.

Rubalcaba no se anda con chiquitas: lo malo es que creen que el ordenamiento legal es papel mojado cuando se interpone a sus designios, a sus planes totalitarios. Ya es desmesura declarar un estado de alarma por su incapacidad para meter en cintura a los controladores, pero tienen tan buena imagen de sí mismos que las cautelas les parecen melindres. No se dejan impresionar por el hecho de que ningún gobierno democrático haya recurrido jamás a ese estado de excepción que exige la existencia de un grave peligro para el conjunto de la nación que no se pueda combatir por otros medios. Rubalcaba, como un nuevo Luis XIV, cree que el estado es él, y que si él se ve amenazado, el estado se encuentra en peligro. Ésta interesada confusión ha propiciado que el estado de alarma se prolongue una primera vez, y ya veremos lo que da de sí esta prórroga. Mientras tanto, y llevados de su peculiar sentido de la responsabilidad, que consiste en que el gobierno no tenga que dar explicaciones a nadie, haga lo que haga, los hábiles telefonistas del Ministerio del Interior han sido dedicados a escudriñar las conversaciones privadas de los controladores, a ver si por fin descubren que toda la trama se origina en algún primo del PP, lo que daría al asunto la conveniente dimensión política que muchos de sus seguidores echan lastimosamente en falta.

La patrimonialización del poder es un riesgo moral que afecta a todos los gobiernos, pero el PSOE ha dado muestras más que suficientes de que se trata de una perversión que no se condena en sus códigos éticos. La ley deja de serlo siempre que les convenga, y por el tiempo que les resulte útil. Ningún precepto ético o legal es suficientemente sólido como para impedirles hacer lo que les place. Ellos establecen, por ejemplo, fuertes normas de incompatibilidad para los demás, pero se las saltan cuando el caso les afecta. Ellos consideran que recibir unas baratijas como regalo es grave quebranto de la ley, pero se asombran de que se pretenda empapelar a Bono por los millonarios dones y permutas con que le han beneficiado sus innumerables y generosos amigos inmobiliarios.

Hay que recordar a este gobierno que el estado de alarma y la militarización de los controladores también tiene sus límites. Es muy grave que se viole el derecho a la intimidad de cualquiera, incluso si fuese un delincuente, si eso no se hace con las debidas cautelas y bajo la tutela judicial correspondiente. No se trata ya de la discutible legalidad de una medida como la que hemos dado a conocer al público, sino de que nos asusta la avilantez con la que el gobierno se toma a beneficio de inventario todas las disposiciones que previenen la arbitrariedad y el abuso de poder. Ni siquiera los controladores, que se han ganado a pulso por su insolencia la repulsa de la mayoría de los españoles, merecen un trato vejatorio por parte del gobierno y de sus aparatos policiales. Tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a la tutela de las leyes y de los jueces, tienen derecho a defenderse, y el gobierno no puede pretender que le apoyemos cuando pisotea los derechos esenciales, aunque sea con el propósito de vencer a los controladores.

[Editorial de La Gaceta 201210]

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