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miércoles, 29 de diciembre de 2010

Un paraíso fiscal

Como todo el mundo sabe, son razones fundamentalmente prácticas las que explican la propensión de los llamados paraísos fiscales a establecerse en territorios insulares. Las Baleares no gozaban, hasta la fecha, de esa sospechosa fama paradisíaca, pero vistas las informaciones que está arracimado La Gaceta, pronto habrá que cambiar de idea. Baleares está siendo un paraíso fiscal para su personal judicial, una modalidad nueva de paraíso, pero una de las más seguras y, en teoría, más al abrigo de la suspicacia de las leyes, pues quienes las aplican se encargan de que nadie investigue a los fiscales y/o jueces que agreden los intereses del común, del fisco que dicen y debieran defender. Nada menos que tres fiscales de Baleares, Pedro Horrach, Juan Carrau y Adrián Salazar, son titulares de patrimonios sospechosos en la medida en que recurrieron a una conducta absolutamente impropia cual es la de consignar en documento público un valor para su predios muy por debajo de su valor de mercado. Una conducta enteramente similar ha sido uno de los motivos por los que estos mismos señores empapelaron de manera inequívoca al señor Matas que, para su desgracia, no ostentaba la condición de fiscal.

Ante la pública evidencia de estas irregularidades, un presunto delito fiscal, faltas tipificadas como graves en el estatuto profesional, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomeu Barceló, ha tenido la ocurrencia de argumentar que no piensa llevar a cabo ningún tipo de actuación porque, a su sospechosos entender, las astucias fiscales de sus colegas constituyen únicamente “una cuestión privada y personal”. Con doctrinas como esa es como se consolida la fama paradisíaca de las Islas: basta con ser fiscal para que nadie te moleste por birlar 3.966 euros a la hacienda pública cuando te compras un ático en Palma, como hizo el fiscal jefe anticorrupción, Juan Carrau, el hombre adecuado en el lugar preciso, o por aplicar un bajonazo de apenas un millón de euros el valor declarado por un chaletito en Calviá, como hizo Adrián Salazar, fiscal antidroga.

¿Qué hará Pumpido ante un asunto tan incómodo? ¿Se consolará comprobando la fidelidad y la astucia de sus fiscales o les aplicará la ley común? Ya sabemos, por las noticias del caso Malaya, que al fiscal general le preocupa la buena fama de los fiscales, empezando por la suya propia, de manera que es muy probable que decida no ampliar el escándalo dejando que se impute a individuos tan solícitos, pero que no se confunda pensando que este caso vaya a caer pronto en el olvido, porque hay materia suficiente como para que, en algún momento, un juez decente acabe por tomar cartas en un asunto tan desagradable y que ensucia la buena fama de la justicia balear, y, más aún, después de haberse sabido, como publicó recientemente La Gaceta, que también el juez que instruyó el caso contra Matas obtuvo en el Banco una tasación que multiplicaba por dos el valor declarado de la por su casa. En interés de la justicia habría que depurar con la máxima rapidez este estatuto de exención de las obligaciones con la hacienda pública que parece afectar a un sector muy específico del personal judicial de Baleares.

¿Qué hace mientras tanto el PP balear? Nada. Afectado, al parecer, por la conducta poco ejemplar de Matas, parece estarse olvidando de que combatir la corrupción, pues no se trata de otra cosa, es una obligación inexcusable de cualquier partido que pretenda ser decente, sin miedo alguno a lo que se pueda decir, y sin olvidar que el silencio es una forma muy precisa y cobarde de complicidad.

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