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jueves, 17 de febrero de 2011

Una nueva querella contra Bono por cohecho continuado




El pasado 9 de febrero, la asociación Justitia et Veritas presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, por un presunto delito continuado de cohecho durante el desempeño de sus cargos como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y como ministro de Defensa, así como por falsificación de documentos públicos y, presumiblemente, por delito fiscal, querella que alcanza a su esposa Ana Rodríguez Mosquera, como presunta cooperadora necesaria de los referidos delitos.
La querella es impresionante por una doble razón, por la minuciosidad de los datos que aporta y por la claridad de su argumentación jurídica que pone de manifiesto, con toda nitidez, algo que es fácil de percibir a primera vista, a saber, que resulta inexplicable el extraordinario incremento del patrimonio del citado político y que, en consecuencia, hay píe para pensar que esa habilidad para amasar una auténtica fortuna, por más que trate de ocultarse, hace pensar en que han de estar presentes en la historia de este enriquecimiento una abundancia de fuentes no conformes ni con la legalidad, ni con lo que se suele considerar una conducta decente.
La querella empieza por hacer un recuento exhaustivo de lo que se conoce públicamente como propiedad patrimonial de Bono y su familia, un conjunto de bienes que alcanza una valoración multimillonaria, enteramente fuera del alcance de las posibilidades de un político honesto que no tenga de partida, como Bono no tenía, un patrimonio de gran magnitud. El texto de la querella repasa con minuciosidad las sucesivas explicaciones y documentos que la familia Bono ha utilizado de manera oficial, conforme a lo estipulado en la legislación vigente, para dar cuenta de su situación patrimonial, poniendo de manifiesto las falsedades, ocultaciones, incoherencias y contradicciones que se encuentran tras una maraña de documentos presuntamente explicativos, que se puede pretender que confundan al lego, pero que no alcanzan a dar razón suficiente de un enriquecimiento tan obvio como sospechosamente legítimo.
El texto de la querella se detiene ante algunos hechos extraordinarios en la vida económica de Bono, como una generosa abundancia de regalos, un insólito contrato de edición por unas Memorias aún sin publicar, las sorprendentes permutas siempre beneficiosas para el patrimonio de la familia y un variopinto conjunto de circunstancias no menos sorprendentes. Todo ello habrá de ser considerado por el Supremo a la luz de la reciente sentencia, de 12 de mayo de 2010, que resolvió un recurso de casación interpuesto contra el sobreseimiento de la causa seguida contra el presidente de la Generalidad, en la que se establece que “para el cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado”.
La querella va a servir para que podamos saber si las continuas protestas de inocencia de Bono tienen alguna base o si, por el contrario, aciertan quienes sostienen que, por depurada que sea la apariencia y la técnica del enriquecimiento ilícito, su conducta ha sido delictiva. Es escandaloso que un político en activo use de su poder para obtener ventajas de las que carecen el común de los mortales, para ocultar tras una demagogia populista una continuada conducta inspirada, por encima de todo, en la toma de decisiones que conduzcan directamente al beneficio propio y al enriquecimiento familiar.