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viernes, 15 de abril de 2011

Hace ochenta años



Ayer se cumplió el octogésimo aniversario de una jornada que fue saludada con alborozo por gran número de españoles, la proclamación de la Segunda República. Por desgracia, pronto se comprobó que, tras el jolgorio, magistralmente retratado por Josep Plá, uno de los mejores  escritores españoles, y un periodista excepcional, se ocultaba un sinfín de motivos de preocupación. Lo que pudo ser un régimen nuevo en el que convivir con libertad y respeto, se convirtió pronto en la disculpa perfecta para masacrar al adversario, para tildar de enemigos de la República a quienes no tenían ninguna voluntad de iniciar la revolución que, por aquellos años, estaba todavía de moda. Ya en 1931, Álvaro de Albornoz, paradójico ministro de Justicia, decía “No más pactos […] si quieren una guerra civil que la hagan”. Una enorme tensión política comenzó a incubarse y llegó al paroxismo tras la victoria de las derechas en las elecciones de 1933, las más limpias y democráticas de cuantas se celebraron en esa década terrible. Las izquierdas pronto dieron en pensar que si podía haber una República de derechas, algo estaba equivocado, y que había que acabar con la fachada burguesa del régimen dando pasos radicales y violentos hacia el socialismo, hacia el paraíso comunista. Por desdicha, aunque las izquierdas eran plurales, se impuso entre ellas un concepto absolutamente anti-liberal de la República, el deseo de un régimen que exterminase a las derechas. Fue especialmente dramático que los escasos, pero brillantes, representantes del socialismo  democrático no supieran plantarse ante sus camaradas revolucionarios, que los Besteiros no tuvieran nada que hacer, y triunfase el espíritu radical y violento de la revolución asturiana de 1934. Tampoco Azaña, que representaba una izquierda burguesa, tuvo la energía suficiente como para poner en su sitio a los que buscaban la aniquilación del adversario, y tanto empeño pusieron que se acabó en una guerra. La derecha española era entonces cobarde pero muy fuerte, y aunque tratase de evitar la contienda, se vio arrastrada por una orgía de crímenes y desórdenes que desposeyeron al régimen de cualquier legitimidad, pues la acaba perdiendo quien no está en condiciones de ejercer el monopolio de la violencia legítima, y es incapaz de proteger la vida, la propiedad y los derechos de los ciudadanos. Las circunstancias de extrema violencia política, de subversión del orden desde el propio gobierno, el sectarismo ideológico, la persecución de la Iglesia, y la obvia amenaza de desmembramiento, hicieron inviable una solución democrática, y ocurrió lo que se debiera haber evitado, que fue imposible mantener la paz. Las Fuerzas de Seguridad, a las que habían vuelto como si nada hubiesen hecho los cabecillas de la intentona de 1934, no solo no pudieron evitar la violencia política, sino que la practicaron y la extendieron, llegándose al inaudito caso de que agentes del Gobierno asesinasen de manera despiadada y vil al mismísimo líder de la oposición. Se creó un clima que hizo imposible evitar una guerra, algo que pocos consideraban como la primera obligación de todos. Nada menos que en junio de 1936, un editorial del socialista Claridad, afirmaba que “en España ha habido y hay muy poca guerra civil y muy poca revolución; muy poco desorden y muy poca anarquía”. No hay mucho, pues, que celebrar, salvo la certeza de que en la Transición todos hicimos mejor las cosas, aunque algunos aventureros insensatos quieran jugar ahora a olvidarlo. 


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