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martes, 12 de abril de 2011

Negro sobre blanco en el caso Faisán

El informe pericial solicitado a los servicios de la Guardia Civil por el juez Ruz incluido en el sumario del caso Faisán, que para desgracia de Rubalcaba continúa en manos de un juez de verdad y no ha podido ser desviado hacia aguas turbulentas como inauditamente pretendía el Fiscal, es concluyente respecto al carácter de los cortes que se observan en las cintas, porque afirma taxativamente que su estudio obliga a concluir que los fundidos a negro, es decir la manipulación de la cinta para ocultar lo que en otro caso sería una prueba de cargo, se produjeron “a conciencia” y “en tiempo real”, es decir, en el momento mismo de la grabación. El informe descarta explícitamente cualquier posibilidad de que ese borrado intencional fuese causado por alguna forma de deterioro casual, tras comprobar concienzudamente el buen estado de todo el material, tanto en ese día fatídico del chivatazo, un día en el que destino de Rubalcaba  quedó marcado para siempre, como en los días anteriores y posteriores. El dictamen de la Benemérita institución, deja completamente al descubierto tanto las manipulaciones hechas por el equipo investigador de la Policía, a las órdenes directas de Interior, como las excusas con las que pretenden construir una coartada inverosímil para tratar de ocultar una conducta  delictiva y escandalosa. Una acción delictiva y particularmente indigna que en ningún caso dejaría de serlo por el hecho de que se hubiese llevado a cabo obedeciendo ordenes políticas directas, como pretendía cínicamente el voto de un magistrado complaciente, tratando de salir al paso de la debacle que adivina con una doctrina tan cínica y totalitaria que hubiera sido capaz de conseguir, por ejemplo, la absolución de los nazis en el juicio de Nüremberg.  
La obvia suposición de que los policías encausados actuaron a las ordenes de Rubalcaba, convierte a este desdichado caso en la demostración más evidente y clara de la falta de escrúpulos del Gobierno de Zapatero, de la suciedad e inmoralidad de los procedimientos de Rubalcaba para lograr unos objetivos que podrían y deberían alcanzarse perfectamente por otros medios.
Es claro, a la vista de todo ello, que el Gobierno no pretendía tanto acabar con ETA como negociar con ella alguna clase de acuerdo vendible ante la opinión, algo que los convirtiera en usufructuarios únicos de un éxito político que, cuando se produzca, y lo haga sin engaños ni concesiones indignas a la banda, será, exclusivamente,  el éxito de todos los españoles, el triunfo de la democracia, de la libertad  y de la ley, y el premio legítimamente merecido a las miles de víctimas que lo han hecho posible con su generosidad y su sacrificio.  
El Gobierno, cabe suponer con buena lógica,  ha delinquido y ha ordenado delinquir con tal de conseguir una quimérica ventaja política en la negociación, con tal de sentirse comprendido por los criminales, con tal de sentir su gratitud y, probablemente, con la intención de poder librarse para siempre de su miedo.
Por fortuna, aún quedan jueces en España y, aunque haya que esperar a que concluya este proceso, que el señor Garzón, con ese atrevimiento inaudito para torcer la ley en su beneficio, paralizó durante años en el cajón de las cosas que pueden esperar, ya tenemos suficientes elementos de juicio como para afirmar sin ninguna clase de dudas que la responsabilidad contraída por Rubalcaba, le inhabilitaría completamente para seguir ejerciendo la política en cualquier país decente, y nosotros aspiramos a que España lo sea, sin duda alguna.

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