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viernes, 24 de junio de 2011

El discurso de Esperanza Aguirre

Estos días, repletos de imágenes desdichadas que recuerdan la España más negra de los desastres goyescos, el presidente que ha de llegar en helicóptero al Parlamento catalán, mientras intentan arrebatarle el perro lazarillo al un diputado ciego, que de acuerdo con la férrea jerarquía de la partitocracia iba simplemente a píe, han relegado a segundo plano el discurso de investidura de Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña tiene buen olfato y valor acreditado, y no ha dudado en aprovechar la oportunidad para hacer un discurso político notable y llamativo. Acostumbrados, como estamos, a que de las Autonomías no nos lleguen sino insolidaridad, particularismo y miserias, hay que celebrar que algún político se arriesgue a exhibir la parte más noble de su oficio, a arriesgar un debate de ideas. Para desgracia de todos, el antagonista principal, en lugar de fajarse con ese discurso, ha dado una vez más muestra de su condición diminuta proponiendo que “una comisión” dialogue con los indignados, esos que él toma por suyos, sin que se sepa muy bien debido a qué.

Esperanza Aguirre tras recordar que la mueven dos ideas a las que no piensa renunciar, el amor a España y a la libertad, ha dejado clara que su política liberal ha funcionado para beneficio común, de modo que pretende seguir adelante con mayor transparencia, más austeridad, y procurando una administración más eficaz. Esas palabras que, casi en cualquier otra boca, pueden resultar retórica de baratillo, resultan creíbles en labios de Aguirre porque ya ha mostrado que es capaz de aplicarlas, y, además, porque constituyen el elemento diferencial que permite explicar la mejor situación de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid, pese a las cargas disparatadas de ciertas políticas sociales que habría que redefinir para beneficio de todos.

Aguirre ha hecho algo más que afirmarse en una política de éxito cierto, ha tratado de imaginar de qué manera podría empezar a combatirse el divorcio creciente entre políticos y ciudadanos, cuyos síntomas no cesan manifestarse de mil modos, y no solo, por cierto, en el fenómeno de los acampados. La presidenta ha roto el marco habitual al proponer a la Cámara una modificación del régimen electoral que permitiría introducir distritos de menor tamaño, y haría razonable la posibilidad de desbloquear las listas electorales. Estoy seguro de que Esperanza Aguirre es muy consciente de que el talón de Aquiles de nuestra democracia está precisamente en que el sistema proporcional tiende a colocar las decisiones políticas exclusivamente  en manos de los partidos, haciendo que la elección de los representantes se limite a una especie de refrendo sin demasiada trascendencia.


Un sistema con distritos más pequeños posibilitaría  que esto empezare a corregirse, y que los españoles comenzásemos a ver las ventajas del sistema mayoritario con pequeños distritos, el sistema inglés, que favorece todo lo contrario, que los partidos tengan que estar mucho más atentos  a lo que desean y piensan sus electores e impide, sobre todo, que la carrera política pueda hacerse enteramente a espaldas de los ciudadanos, que es lo que ocurre hoy en día con la mayoría de los políticos profesionales, unas gentes que solo deben preocuparse de su posición en las diversas covachuelas, y de incrementar la predilección de los que mandan. Todo ello propicia la sumisión de la iniciativa política a una disciplina un tanto asnal que nada tiene que ver ni con la libertad ni con la democracia. Como es de esperar, el avispado Gómez ha sospechado inmediatamente de las muy perversas intenciones de la presidenta, a la que ha acusado de tener una ideología liberal como si la condenase por dar caramelos envenenados a los niños socialistas.

Es relativamente fácil despachar la iniciativa de Aguirre con un mohín despectivo, considerándola mero populismo, una muestra innecesaria de sensibilidad hacia lo que más se ha repetido en los corrillos de Sol, antes de que decidieran entregarse al acoso de los distintos Parlamentos. Sin embargo, la propuesta de la presidenta madrileña es valiente y oportuna porque significaría abrir una vía a la democratización de los partidos, ese mandato constitucional que produce tanta risa a los políticos que se jactan de conocer bien el sistema y de saber sacarle el  ciento por uno, aunque no, ciertamente, ni la gratitud ciudadana ni la fama imperecedera. Es muy notable que un político mantenga una conciencia clara de que su obligación es servir a la patria común y, en este caso, a los intereses de los madrileños, que sepa que está a su servicio y no por otra razón que porque ellos le otorgan su confianza y que, por saberlo, se apreste a sugerir sistemas que pueden incrementar de manera muy efectiva el control ciudadano, la libertad política de todos. Que Aguirre se atreva a proponer, como lo ha hecho, el debate sobre una cuestión tan decisiva  ha sido una noticia tan inesperada como excelente.


Abusos de las telefónicas

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